Derecho penal
Un abogado penalista puede intervenir en todas las fases del proceso penal, desde la denuncia hasta el juicio oral, pasando por la instrucción y la fase intermedia.
La defensa penal implica la representación en juicios por delitos menores y mayores, asegurando una sólida y estratégica defensa en cada etapa del proceso. Es importante evaluar y estudiar el asunto que nos ocupa, lo que nos permite asesorar sobre los derechos de los acusados o víctimas, las opciones legales de las que disponen y los posibles resultados. Si hay personas investigadas penalmente, se busca cómo proteger sus derechos, ayudándoles a prever la situación antes de que se presenten cargos.
Nuestros servicios en derecho penal
El ámbito del derecho penal es algo particular, ya que intervienen la acusación pública o ministerio fiscal, que defiende los intereses generales del Estado. La comisión de un delito no sólo supone un perjuicio a la víctima directa que le sufre, sino contra toda la sociedad en general.
La función del abogado de la acusación es defender los intereses del cliente contra el agravio sufrido en manos del delincuente, actuando en paralelo con el ministerio fiscal, aunque no siempre son coincidentes la acusación formulada por la acusación particular y la pública. En ocasiones se sigue la acusación gracias a la acusación particular, aunque el ministerio fiscal pida el sobreseimiento o archivo de la causa o procedimiento iniciado por la investigación del delito.
La sentencia penal dictada puede ser debatida en la segunda instancia y el abogado penal asesora y representa al cliente en la presentación de recursos o apelaciones después de un veredicto o sentencia absolutoria o condenatoria, dependiendo de la parte a la que defiende.
Existe una gran tipología de delitos, desde un delito leve de lesiones a un delito de asesinato en los delitos contra las personas, y desde una administración desleal a un supuesto de blanqueo de capital en los delitos económicos.
En cuanto a los delitos de violencia, existe una especialidad en casos de delitos contra la mujer, violencia doméstica y otros delitos relacionados, que conllevan un grado de especialización técnica del abogado.
También es un delito conducir sin licencia administrativa o por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, supuestos en los que se puede optar por pactar con el ministerio público en un juicio rápido para obtener unos beneficios concretos a nivel de pensa o, en otros casos, optar por celebrar juicio.
En todo procedimiento penal es necesaria la protección de los derechos constitucionales de los investigados o encausados, a fin de garantizarles un juicio justo y equitativo.
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